14.07.20

Un equipo interdisciplinario de académicos del Núcleo de investigación Derecho, Inteligencia Artificial y Tecnología (DIA+T) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizaron un artículo académico que vincula la inteligencia artificial, el aparato administrativo estatal y los derechos de los contribuyentes, el que fue publicado por la prestigiosa revista británica "Computer Law & Security Review" (WoS Q1).

El artículo denominado "Uso de inteligencia artificial por administraciones fiscales: un análisis frente a los derechos de los contribuyentes en países de Latinoamérica", realizado por los investigadores de la Escuela de Comercio PUCV, Antonio Faúndez y Rafael Mellado, y de la Escuela de Derecho, Eduardo Aldunate, está centrado en el auge de la tecnología y cómo ésta puede aportar a establecer una relación más eficiente entre el Estado y los ciudadanos.

En este contexto, los especialistas de DIA+T plantean que existe en la actualidad un debate global sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de la administración fiscal, para realizar auditorías y hacer cumplir de manera remota las obligaciones tributarias. Desde esta perspectiva, el paper de los investigadores PUCV abre el debate sobre los derechos de los contribuyentes frente a esta tecnología que considera dos tipos de técnicas: la caracterización del riesgo de los contribuyentes y los procesos de robotización de acciones de auditoría tributaria.

Los investigadores de la PUCV, coincidieron en que el aparato fiscal de países como Chile y México, están incluyendo el uso de tecnología para mejorar su gestión fiscalizadora, lo que se incluye en sus planes de desarrollo estratégico argumentando que este tipo de sistemas remotos, reducen las interacciones cara a cara entre los contribuyentes y los inspectores, generando una disminución de los costos operativos de cumplimiento tributario.

En este punto, el documento académico se enfoca en la aplicación de la denominada "Robotic Process Automation (RPA)", un software que reemplaza a los humanos en el procesamiento de datos y que ya ha sido utilizado por firmas de auditoría como PwC, la que inició la aplicación de esta herramienta para facilitar funciones comunes de cumplimiento tributario. Asimismo, Finlandia comenzó en 2017 a desarrollar sus primeros robots para procesos de auditoría fiscal, lo que le permitirá -potencialmente- reducir la carga de trabajo de estas tareas en 52 años de esfuerzo por persona, como también la mejora en la calidad de trabajo y reducción de errores.

En este escenario, los investigadores PUCV trazaron algunas interrogantes como si se ajustaría a derecho la decisión de la autoridad fiscal de denegar al contribuyente la posibilidad de examinar el sistema de procesamiento de datos que sustentó el cobro de un impuesto o una multa; si se puede afectar el derecho al debido proceso si el juez tributario rechaza como defensa el acceso a la información precisa del sistema de procesamiento de datos para evaluar su exactitud; o si puede un robot tener facultades para generar auditorías tributarias y tomar decisiones.

El estudio concluye que los mecanismos de inteligencia artificial con fines tributarios tienen "implicancias normativas" en la vida social, siendo indispensable "precisar los límites jurídicos en su aplicación" en resguardo de los derechos de los contribuyentes.

"Así, los países latinoamericanos, incluido Chile, han utilizado mayormente algoritmos de clustering del tipo "Self Organizing Feature Map" (SOFM), K-means, redes neuronales y redes bayesianas, permitiéndoles validar un modelo de comportamiento de los contribuyentes. Sin embargo, dichos atributos o variables pueden contener errores que pueden incidir en el resultado final del algoritmo", advierten los autores.

Respecto a las técnicas de robotización en las auditorías fiscal, los autores advierten potenciales problemas en la competencia que la ley otorga a los funcionarios fiscales, la que debe ser ejercida dentro de un estatuto que establezca sus obligaciones, deberes y derechos. "Siendo así, la función pública se desarrolla entre el Estado y un funcionario, pero no entre el Estado y un robot", enfatizaron.

EL CASO CHILENO

Faúndez explicó que las herramientas de inteligencia artificial, han sido aplicadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) desde el 2007 para evaluar el riesgo en la evasión tributaria, lo que no quita que, en un futuro cercano, esta tecnología sea extendida a procesos de auditoría fiscal a través de RPA. "En ese sentido, resulta esencial que nuestra legislación tributaria se adapte al dinamismo de las nuevas tecnologías, resguardando, especialmente, los derechos de los contribuyentes", destacó.

Aldunate, por su parte, comentó que la inteligencia artificial "actualiza el desafío que la potestad de imponer y percibir tributos ha planteado desde hace más de 800 años a los derechos constitucionales: la búsqueda del equilibrio entre bien común y protección de la libertad individual".

Finalmente, Mellado concluyó que la inteligencia artificial "ha llegado para quedarse y ser parte de nuestras vidas, por lo que es relevante que tanto los funcionarios públicos como los profesionales del ámbito privado no queden desplazados frente a la inteligencia artificial, siendo esencial que adquieran los conocimientos para poder trabajar de forma colaborativa mejorando los procesos organizacionales".

Fuente: Diario Financiero

Edición e imágenes: Marcelo Vásquez, periodista VRIEA PUCV