Estudio financiado con el 7% del FNDR, y realizado en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social, entrega información sobre los temores y anhelos de niños, adolescentes y jóvenes. Además, reflexiona sobre las políticas que se deben desarrollar para asegurar sus derechos.

Información relevante, a partir de la cual se pueden proyectar nuevas y mejores políticas públicas que aseguren el bienestar y la protección de los niños, entregó el Diagnóstico Regional sobre los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en la Región de Valparaíso, realizado por un equipo de investigadores de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia.

El Diagnóstico entregó un panorama amplio respecto a la realidad de las infancias, y al mismo tiempo, datos interesantes para tener en cuenta: actualmente hay más adolescentes que niños de la primera infancia en la región; persiste una mirada adulto céntrica al momento de diseñar programas y políticas públicas en torno a la infancia; de los niños que reconocen haber sufrido algún tipo de abuso, la mayoría pertenece a las diversidades y que los adultos dejaron de ser la figura que les asegura protección. Otro punto relevante es la importancia que le dan al cuidado del medioambiente y a los animales y que piden más espacios para el juego para alejarse un rato de los dispositivos digitales.

Yesika Herrera, directora del estudio y académica de Trabajo Social, manifestó que “uno de los aspectos más relevantes es que confirma algunas apreciaciones respecto de los derechos de la niñez en la región. Establece que hay muchos temas pendientes todavía en protección y promoción de derechos y además se identificó con mucha claridad que el trabajo que tenemos que hacer es todavía muy amplio; requiere de mucho trabajo de formación, pero también de voluntades y de una dimensión política para que efectivamente se traduzcan en una política pública y en gestiones concretas a nivel regional para poder destrabar algunos nudos críticos”.

La profesora también destacó que en la región hay experiencias positivas y coherentes con la perspectiva de derecho y que los propios jóvenes han generado estrategias “para hacer frente a aquellas situaciones que identifican como problemas o que les parecen difíciles y que les afectan en términos de su experiencia más integral”.

“Los niños, niñas y jóvenes deberían poder contar, independiente de su condición social, económica y del territorio en el que les toca desarrollar su vida cotidiana, con las condiciones necesarias y suficientes para su bienestar biopsicosocial pleno”, destacó Yesika Herrera.

POLÍTICA PÚBLICA REGIONAL

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, valoró la información surgida del Diagnóstico: “El trabajo que ha desarrollado la Escuela de Trabajo Social es tremendamente relevante para formular una política pública regional, que dé cuenta de la necesidad de formular políticas de protección hacia los niños, niñas y adolescentes”.

Mundaca también señaló que le parece muy importante “lo declarativo de este diagnóstico, cuando se habla de las políticas adulto céntricas que se han desarrollado sin contar con la opinión de los niños, cuando se señala cuáles son los temores de vivir en viviendas fragilizadas, sin servicios básicos y cuando hablan de vivir en territorios libres de contaminación”.

Por su parte, la seremi de Desarrollo Social, Claudia Espinoza, destacó que “además de ser una herramienta que permite generar un piso para la planificación de los diversos organismos públicos, pero también privados; tiene relevancia por la diversidad de formas de trabajo y por la participación activa y protagónica de niños y niñas en el diseño, en el análisis y en la presentación de los resultados del diagnóstico. Es una experiencia inédita, muy acorde a lo que implica la ley de garantías de derechos de niñez y, en ese sentido, la colaboración entre la universidad, el gobierno regional y nuestra secretaría ministerial es una relación virtuosa que esperemos genere una pauta y un estándar para las oficinas locales de niñez”.

El estudio fue financiado con el 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2022.